El pasado 29 de junio del 2005 se hizo pública la providencia del Juzgado Contencioso-administrativo nº 1 de Donostia por el cual se obliga al Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa a entregar un total de diecisiete documentos que no había facilitado a Donostia Bizirik, Plataforma Ciudadana contra la Incineración. Estos documentos hacen referencia a cuestiones como los acuerdos de constitución de la llamada Comisión de Seguimiento, el acuerdo de la elección de la ubicación de Aritzeta para la prevista central incineradora, comunicaciones recibidas por la Diputación por parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, las propuestas para el estudio de la calidad del aire, ofertas económicas realizadas para la adjudicación de dicho estudio, documentación remitida por la Diputación a la Universidad Politécnica para la realización del mismo, entre otros.
El origen del presente procedimiento se encuentra en la concesión directa, sin concurso público, del estudio del impacto sobre la calidad del aire que podría tener la instalación en Aritzeta de una incineradora, al profesor Roberto San José de la Universidad Politécnica de Madrid. En opinión de Donostia Bizirik está adjudicación era completamente incorrecta ya que, mientras Diputación aseguraba que la Politécnica de Madrid era la única entidad capaz de realizar un estudio de esas características, era más que evidente que eran varias las empresas que podían realizarlo, por lo que el estudio debía de salir a concurso público, cosa que no se hizo a pesar de que los propios servicios técnicos de Diputación apuntaban a la necesidad de hacerlo. Para poder presentar su demanda Donostia Bizirik solicitó el expediente administrativo que, curiosamente, se encontraba incompleto, faltando como mínimo los citados diecisiete documentos.
Para Donostia Bizirik queda claro una vez más el oscurantismo y las maniobras que la Diputación viene desarrollando a fin de imponer la incineración a Gipuzkoa y Donostia. Frente a la tan pregonada transparencia informativa que asegura defender el Diputado Oyarbide, se evidencia la existencia de todo un proceso que de transparente tiene muy poco, proceso para el cual Diputación se apoya en un conjunto de empresas y asesorías que "tradicionalmente" vienen trabajando para la casa. Así, el citado profesor San José fue también el responsable de un estudio similar realizado para la planta de Gaintxurizketa. Ambos estudios, basados en análisis matemáticos, que valen para cualquier emplazamientos, según el propio redactor del informe, no solo no responden a la cuestión de cuál será el impacto real de las incineradoras, sino que además están plagados de aseveraciones más que dudosas o cuando menos polémicas.
Donostia Bizirik exige una vez más la paralización de ambos proyectos, el de Donostia y el Gaintxurizketa y el inicio de un proceso de debate realmente democrático y libre de amiguismos para abordar de manera sostenible la problemática de nuestras basuras.
Donostia Bizir
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