Miguel Ángel Soto GREENPEACE ESPAÑA www.greenpeace.es masoto@diala.greenpeace.org

Resumen

El problema de la tala ilegal y su comercio es objeto de análisis, una vez que la FAO, el Banco Mundial, los países del G8 y la mayoría de los países implicados han reconocido el alcance del problema, dando la razón a científicos, instituciones independientes y ONG que vienen denunciando desde la pasada década que una parte de la madera presente en el mercado procede de la corrupción y la ilegalidad en la que operan las empresas madereras, políticos y representantes de los gobiernos de países con recursos forestales.

En los últimos años se han multiplicado los estudios de caso y las estimaciones sobre el porcentaje de tala ilegal en muchos países del mundo, y no solo en las regiones tropicales. También, organizaciones ambientalistas y centros de investigación han utilizado las estimaciones de % de tala ilegal para abordar las dimensiones del problema del comercio de madera ilegal en el mundo.

El fracaso de la Comunidad Internacional en la lucha contra la tala ilegal

En junio de 1991, el Consejo de la Organización Internacional de Madera Tropical (ITTO) tomó la decisión de poner fin a la tala y comercio de madera ilegal, proponiendo como objetivo para el año 2000 que toda la madera tropical que se comercializara en el mundo proviniera de fuentes sostenibles.

El acuerdo, conocido por las siglas ITTA (International Tropical Timber Agreement) pretendía dotar de planes de gestión forestal a todos los bosques tropicales del planeta. En 1995 los consultores encargados de realizar la evaluación de los progresos para la ITTO reconocían que tan solo 3 países estaban progresando en la redacción de planes de gestión forestal, pero los países citados eran Ghana, Indonesia y Malasia, los dos últimos envueltos en rampantes procesos de corrupción y tala ilegal que alcanzaban hasta el 80% de la explotación forestal.

Preocupados por la proximidad del año 2000 y los pocos éxitos obtenidos hasta el momento, la ITTO propuso en 1995 siete acciones prioritarias para conseguir el objetivo del año 2000. Estos eran:

1. Elaborar políticas forestales y aplicar la legislación.
2. Asegurar la permanencia de los bosques del estado
3. Reducir el impacto ambiental de la explotación forestal.
4. Capacitar al sector forestal, incluidos los inspectores, en la reducción de los impactos de la tala.
5. Limitar los cupos de tala según la capacidad de los ecosistemas.
6. Transmitir a la opinión pública que la actividad forestal puede ser compatible con la conservación de los bosques tropicales.
7. Focalizar la investigación forestal en el análisis y uso de los datos y conocimientos existentes.

Pese a los esfuerzos en el plano teórico, llegó el año 2000 y el objetivo no solo no ha sido cumplido, sino que en numerosas regiones tropicales el problema se ha agudizado.

El papel del Banco Mundial

El cumplimiento del acuerdo ITTA no era posible en el marco de la política macroeconómica de las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esta última institución, el BM desarrolló en 1991 (el mismo año del acuerdo ITTA) una estrategia forestal que reconocía el papel de los bosques para combatir la pobreza al mismo tiempo que alertaba de la importancia de frenar la deforestación, comprometiéndose a no financiar actividades forestales en bosques primarios.

Pero a principios de la década de los noventa los programas de ajuste estructural propuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se destinaron a fomentar la producción destinada a la exportación, al tiempo que disminuían las inversiones sociales y el estado desaparecía del sistema productivo sin contrapartidas.

La explotación industrial de los bosques ha sido una prioridad estos programas de ajuste estructural, y ha sido precisamente la explotación industrial a gran escala una de las causas directas del aumento de la tala ilegal y de la destrucción de las selvas. Camerún es uno de estos ejemplos. A fines de la década de 1980 el FMI impuso al gobierno un programa de ajuste estructural, que se suponía habría de resolver la crítica situación económica del país. Parte de este programa estaba basado en promover la exportación de productos no tradicionales, incluida la madera, a través de la devaluación de la moneda. La rebaja de las tasas de exportación que recomendó el FMI jugó un importante papel en el incremento de las exportaciones de madera. Entre 1994 y 1995 el número de empresas madereras aumentó de 194 a 351, en tanto las exportaciones de madera crecieron en un 49,6% en el período 1995/97.

A finales de la década de los noventa el propio Gobierno de Camerún reconocía que el incumplimiento de la legislación forestal estaba a la orden del día. Inspecciones sobre el terreno encontraban todo tipo de infracciones, así como talas anárquicas y en zonas que no habían sido concedidas.

En 1998, el BM comenzó la revisión de su política forestal y su papel en el sector forestal. El Departamento de Evaluación de operaciones (OED) de este organismo realizó seis estudios de casos, Camerún entre ellos. El informe identifica claramente la existencia de un conflicto ambiental entre los intereses públicos representados por el gobierno y la sociedad civil, y los intereses privados defendidos por las empresas. Se subraya que las comunidades locales no han tenido acceso al proceso de decisión en la política forestal. El informe admite que las compañías madereras extranjeras que dominan el sector siguen teniendo plena libertad para explotar y utilizar los recursos forestales en Camerún. Se concluye que la situación de los bosques empeoró, extendió el problema de la tala ilegal y que las mejoras de la gestión forestal resultaron insignificantes, así como el impacto de la estrategia del Banco Mundial para superar la pobreza.

A partir de 1999 el BM empieza a abordar abiertamente el tema de la tala ilegal y la corrupción en el sector forestal. El último documento de discusión, Corrupt and Illegal Activities in the Forestry Sector asume que su política forestal de la pasada década a supuesto un incremento de la tala ilegal.

El programa de Acción de Bosques del G8

Presionados por la opinión pública que reclamaba medidas urgentes para acabar con la deforestación y la tala ilegal, los países del G8 lanzaron en la Cumbre de Birmingham (Inglaterra, 1998) un Programa de Acción de Bosques, reconociendo la amenaza que pesa sobre los bosques del mundo y la pérdida de biodiversidad a gran escala. El programa planteaba “eliminar la explotación ilegal”, pero no cuestionaba ni la política económica de las instituciones internacionales ni la complicidad de los países del G8 con la tala ilegal a través de la financiación y la cooperación bilateral.

El programa contenía compromisos para mejorar los esfuerzos para crear áreas protegidas y atajar decididamente la tala ilegal y su comercio. También contemplaba acciones locales en los países miembros del G8 y en regiones donde se pudiera actuar a través de la asistencia al desarrollo de carácter bilateral.
En la Cumbre de Okinawa (Japón, 2000), los jefes de gobierno del G8 se volvieron a comprometer y expresaron su deseo de “combatir la tala ilegal incluyendo las exportaciones y la política de adjudicaciones públicas”. En la línea de aumentar el número de declaraciones de intenciones pero no los hechos, en la última Cumbre del G8 celebrada en Canadá (junio de 2002) los países del G8 volvieron a hablar nuevamente de combatir la tala y consumo de madera ilegal, mediante medidas como el apoyo a la capacitación y la transferencia de tecnología, la eliminación de la exportación e importación de madera obtenida de manera ilegal y el apoyo a los procesos de “Cumplimiento de la Legislación Forestal, Gobernanza y Comercio” (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, en adelandte FLEGT).

Pero el programa no se ha traducido en acciones reales y las intenciones expresadas en el mismo no han tenido ningún impacto sobre el terreno. Tras años de declaraciones ministeriales, los países del G8 continúan importando madera ilegal e insostenible así como sus productos derivados y continúan financiando proyectos de “desarrollo” que incrementan la deforestación, la degradación y la fragmentación forestal.

El Programa de Acción en Bosques del G8 generó una iniciativa conjunta del Banco Mundial, y los Gobiernos de US y Reino Unido sobre el cumplimiento de la legislación forestal y gobernanza, el mencionado FLEGT, con un primera cumbre ministerial en el Sudeste Asiático (Bali) en septiembre de 2001. En junio de 2002 se celebró una reunión en Africa y se prevén encuentros similares durante 2003.

¿Acuerdos bilaterales para combatir el comercio de madera ilegal?

Con motivo de las discusiones del G8 sobre el comercio de madera ilegal, el Gobierno de Reino Unido empezó en el año 2001 a considerar la posibilidad de realizar acuerdos bilaterales con los mayores países exportadores de madera. La idea empezó a materializarse en la conferencia de Bali (Indonesia) en septiembre de 2001, siendo incluida en la lista de acciones posibles para la implementación de la declaración.

En dicha reunión la delegación británica empezó ya las conversaciones con el Gobierno de Indonesia, que finalizaron en abril de 2002 con la firma del primer acuerdo bilateral de este tipo, con el objeto de establecer un sistema de identificación y verificación de legalidad en Indonesia.

Durante el pasado año, este modelo de acuerdo bilateral ha pasado a primer plano. Durante la Cumbre de Johannesburgo, en septiembre de 2002, Indonesia anunció un nuevo acuerdo con Noruega y Finlandia. Malasia e Indonesia han hecho lo propio y China, gran consumidor de madera ilegal de toda la región, ha firmado el pasado mes de diciembre un acuerdo con Indonesia.

Queda por concretar la aplicación práctica de esta nueva estrategia, y saber si la lucha contra la tala ilegal incluye también la lucha contra la corrupción política, la reforma de la legislación forestal y, sobre todo, el reconocimiento de los derechos de la población local sobre la tierra y los recursos.

El debate europeo sobre las importaciones de madera ilegal

La organización ecologista Friends of the Earth, presento en 2001 un informe que concluía que aproximadamente el 50% de las importaciones de madera tropical de la Unión Europea pueden ser ilegales. La Unión Europea importó aproximadamente 5 millones de metros cúbicos de madera en rollo equivalente (RWE) de madera tropical ilegal en 1999, por un valor de £800 millones (1 billón y medio de Euros). Como resultado, la UE fue responsable de la explotación ilegal de 740.000 hectáreas de bosque tropical.

Este tipo de denuncia así como la presión política ha obligado finalmente a incluir en la agenda europea el problema del comercio de madera ilegal. La Comisión Europea organizó en abril de 2002 un taller FLEGT al que asistieron expertos de los Estados Miembros de la unión Europea, los gobiernos de los principales países productores e importadores de madera (China, Japón, Indonesia, Filipinas, Canadá, Ghana), la industria forestal, y ONGs.

Durante el taller se propuso que la UE apoye la creación, tan rápido como sea posible, de un mecanismo para proporcionar una comprobación de la legalidad de productos madereros que entren en la UE acreditada en los países productores. Estas medidas requerirán negar el acceso a los mercados de la UE de productos madereros que provengan de una fuente ilegal, para así promover el negocio legítimo. Esto implica la necesidad de una nueva legislación Europea que permita controles de importación sobre los productos que provengan del extranjero.

En su comunicado al Consejo y al Parlamento Europeo el 13 de Febrero de 2002, la Comisión declaró que la Unión europea “desarrollaría un plan de acción para finales del año 2002 sobre el cumplimiento de la ley forestal, gobernanza y comercio y para fortalecer la cooperación internacional para abordar las violaciones de la ley forestal y los crímenes forestales”. Este compromiso de la UE está todavía en fase de discusión.

El indicador “madera ilegal” está siend utilizado para abordar la complicidad de los mercados consumidores de madera con la destrucción de los bosques del planeta. Hemos mencionado ya el informe de 2001 de la organización ecologista internacional Friends of the Earth en el que clasificaba los países europeos según el volumen de importación de madera tropical ilegal . El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) publicó más recientemente un informe similar sobre la “huella” del consumo de madera, papel y muebles de los países del G8+China sobre los bosques del planeta. También Greenpeace España ha analizado durante el pasado año 2002 algunos mercados (Comunidades Autónomas de Valencia, Baleares y Canarias) con estudios análogos a los comentados.

Estructura de las importaciones españolas de madera según el grado de sostenibilidad en la gestión forestal de los países de origen

a) Madera sostenible y certificada por organismos independientes y creíbles para todos los grupos de interés, como el FSC    0,12 %   

b) Madera de países con silvicultura avanzada, con o sin certificado 64,5 %   

c) Madera insostenible procedente de países con poca capacidad de control sobre la gestión de los recursos     24 %   

d) Madera procedente de talas ilegales     10,5 %   

e) Madera procedente de países en conflicto “Madera de la Guerra”     0,8 % 

Fuente: Greenpeace, 2003. El impacto del consumo español de madera sobre los bosques del planeta. Las importaciones de madera ilegal en 2001. En imprenta.

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