Ecuador: petróleo, deuda y sus condicionamientos

Como hemos planteado en numerosas ocasiones desde Ekologistak Martxan, una economía basada únicamente en el extractivismo, en los combustibles fósiles, no sólo no es sostenible desde el punto de vista ambiental, sino que tampoco en el económico o social.

Ecuador es un ejemplo. Pese a que los últimos años está gobernada por un partido que planteó de inicio buscar alternativas a esta dependencia, desde muy pronto se confirmó que esto no era así produciéndose una crisis en su gobierno. A esa crisis política le han seguido otras y ahora una crisis que es económica, y otra ambiental que se ha acentuado.

También ese mismo gobierno, apoyado por una Asamblea Constitucional cuestionó  en un inicio la deuda ilegítima y odiosa que habían contraído anteriores gobiernos para decidir luego no pagarla. Pero ese mismo gobierno utilizó nuevamente el petróleo, y lo que es más triste, el crudo de la Reserva de la Biosfera Yasuní (Bloque ITT o 43) y los bloques 79 y 83 de la Amazonía, para conseguir nuevo crédito esta vez con inversores chinos.

En Ecuador se explota el petróleo desde 1972. Este recurso hizo que Ecuador fuera susceptible de recibir créditos de las instituciones internacionales, con lo que se inició una dinámica de endeudamiento que alcanzó niveles insostenibles. Como en muchos otros países esa deuda fue la fórmula de someter a Ecuador a dictados externos, a imponer políticas, economía, etc. En 2009 Ecuador declaró esa deuda ilegítima. Sin embargo, necesitado de crédito para acometer sus proyectos (el gasto público pasó del 21% del PIB en 2006 al 43% en 2014), el nuevo gobierno utilizó de nuevo el petróleo para entramparse de nuevo. Las cifras hablan de un  incremento de la deuda desde inicios del gobierno hasta 2015 de 18.000 millones de dólares.

Pago millonario a través de tribunales de arbitraje

A esta situación se le añaden otros gastos, en este caso ocasionado por las transnacionales y los tribunales de arbitraje. Estos mecanismos existen para defender (aún más) los intereses de las transnacionales en el caso de conflicto con un gobierno. Son incluidos en Tratados de Libre Comercio (TLC) como el Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador, o como ahora se pretende en el  TTIP o en el CETA, también rechazados por Ecologistas en Acción.

El gobierno ecuatoriano, como ha ocurrido en otras ocasiones (Petrobras, quien también le demandó en 2015) decidió poner fin a la concesión de la petrolera Occidental en 2006 debido al incumplimiento del contrato. Entonces Occidental demandó al gobierno ante el tribunal de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS, de sus siglas en inglés). El propio tribunal reconoció que la empresa había violado gravemente el contrato. El no renovar el contrato además es una acción que se reserva el gobierno y no puede ser entendida como una expropiación (o nacionalización) que tendría el deber de indemnizar.

Este 29 abril el gobierno ecuatoriano se comprometió a pagar 180 millones de dólares a Occidental, de un monto total de 1.400 millones de dólares (980 millones más intereses). Dos semanas después del terremoto esa cifra suponía más del doble de la petición humanitaria internacional presentada por la ONU para la emergencia (72 millones de dólares). Así, esta decisión, el poder de las petroleras auspiciadas por los estados y cuando esto no ocurre, protegidas por las instituciones financieras internacionales y sus tribunales de inversión, ponen en riesgo e imposibilitan la asistencia a los afectados, priorizando el enriquecimiento de esas empresas y perpetrando la miseria y el drama entre la población.

Actualmente, se tiene constancia de unos 700 casos a nivel mundial en el marco del sistema ISDS, lo cual demuestra el nivel de protección de que disponen las empresas transnacionales para defender sus intereses y el utilidad de estas instituciones para garantizar aún más el poder transnacional.

La explotación de Yasuní y otros bloques

Por otro lado en marzo se inició también la explotación del Bloque ITT en Yasuní (en Yasuní ya operan otras petroleras entre ellas la española Repsol) por parte de la estatal Petroamazonas. Esta a su vez contrata servicios con otras empresas como la china Sinopec o la estadounidense Halliburton.

Ahora también el escándalo de desata con las cifras utilizadas para el bloque ITT que se han ido hinchando y manipulando con el tiempos según interesaba, efecto una vez más de la especulación que afecta al sistema energético. Cuando Correa decidió su explotación se planteaba 8.290 millones de dólares correspondientes a 118,4 millones de barriles. Pero en un estudio de reservas del bloque 31 contratado por Petroamazonas se plantean 33,1 millones de barriles probados, 20,2 millones probables.

Sinpec junto a CNPC, ambas chinas, conforman el consorcio Andes Petroleum a quien el gobierno ecuatoriano concedió el 25 de enero los derechos de exploración de los bloques 79 y 83 de la Amazonía sur ecuatoriana. Estos bloques afectan al pueblo sápara y casi 7 mil Has del 79 se encuentran en el territorio kichwa de Sarayaku, donde se ha impedido la entrada a las petroleras desde los 90, operando de forma autónoma.

Sin duda, esta concesión no es sino el precio a pagar por el endeudamiento adquirido para así poder desarrollar obras viarias. El 8 de marzo mujeres de distintas etnias amazónicas se manifestaron para rechazar la decisión de explotación, que les afecta directamente.

Desde Ekologistak Martxan, demandamos una vez más el respeto de las comunidades amazónicas, en especial las de Yasuní y Sarayaku, y de los pueblos en aislamiento voluntario. Demandamos el fin de la explotación petrolera y el fin de la especulación de los recursos, del endeudamiento y del chantaje transnacional, así como el respeto pleno a los ecosistemas y a las Reservas Naturales declaradas para su protección.