Justicia social, justicia climática: es un cambio de rumbo que debe imponerse

El 8 de diciembre, día de la movilización internacional por la justicia climática, en convergencia con el cuarto día de movilización de los chalecos amarillos, el siguiente manifiesto fue firmado por sindicalistas, líderes sindicales, asociativos y políticos, investigadores, académicos, artistas, etc., que apoyan las demandas de justicia fiscal y social que hace el movimiento de los chalecos amarillos. Llamaron a la población a movilizarse para imponer una política que permita vivir mejor y a manifestarse pacíficamente en las calles.

El movimiento de los chalecos amarillos introduce en el debate público toda la política social del gobierno. En términos más generales, son las políticas neoliberales implementadas por los sucesivos gobiernos durante décadas las que están en juego. La mayoría de la población se enfrenta a una realidad cada vez más difícil, a una precariedad laboral cada vez mayor, a la injusticia fiscal, a una vivienda impagable y a un deterioro de las condiciones de vida. Esto afecta particularmente a las mujeres, que se movilizan de forma numerosa en este movimiento. Al mismo tiempo, la evasión fiscal nunca ha sido tan alta y a los más ricos se les han ofrecido múltiples exenciones fiscales: abolición del impuesto sobre el patrimonio, impuesto a tanto alzado del 30% para las rentas del capital que ya no están sujetas a impuestos progresivos, reducción del impuesto de sociedades…. En estas condiciones, el aumento de los impuestos sobre los carburantes parecía ser “la paja que pudo romper la espalda del camello”.
A pesar del intento de la extrema derecha de controlar el movimiento de los chalecos amarillos, se caracteriza por su autoorganización horizontal y exige una verdadera democracia contra una presidencia autoritaria y despectiva. En un momento en que COP 24, la cumbre climática de Naciones Unidas, se está celebrando en Polonia y la lucha contra el calentamiento global es urgente, este movimiento también pone de relieve el vínculo entre la cuestión social y los imperativos ecológicos: los mayores contaminadores están exentos de todo esfuerzo, no se abordan las principales causas del calentamiento global, continúa el colapso de los servicios públicos y las empresas locales y la expansión urbana, no se desarrollan alternativas en términos de transporte público. El modelo de vivienda social en Francia está en peligro debido a su mercantilización en beneficio de grandes grupos privados. En estas condiciones, ciertamente no corresponde a la clase media y a la clase trabajadora pagar por la transición ecológica.
La política gubernamental no responde a la ira social ni a los imperativos ecológicos. El gobierno deja que las multinacionales y los grupos de presión productivistas hagan lo que quieran, poniendo siempre en primer lugar sus propios intereses y los de sus accionistas, en detrimento del mayor número y del futuro del planeta. Durante días, el gobierno se mantuvo firme en su postura, rechazando el más mínimo gesto y afirmando que mantenía el rumbo, a pesar de que una gran mayoría de la población apoyaba este movimiento. Esta actitud ha llevado a una creciente frustración, que ha llevado a actos de violencia que el gobierno intentó utilizar contra el movimiento. Pero el apoyo público siguió siendo fuerte.
El gobierno acaba de anunciar, entre otras cosas, la congelación y luego la cancelación del aumento del impuesto sobre el combustible. Se trata de un primer paso atrás, pero es demasiado poco, demasiado tarde, porque es el conjunto de la política social y sus consecuencias económicas y ecológicas lo que hay que debatir. En un momento en que los jóvenes han decidido ponerse en marcha para cuestionar las opciones educativas del poder, se trata de un cambio de rumbo que debe imponerse. Para empezar, el gobierno debe responder a las demandas sindicales aumentando el salario mínimo e invirtiendo el techo de los aumentos de las pensiones hasta el 0,3 %, restableciendo el impuesto sobre el patrimonio y gravando a las multinacionales, incluidos Total, los GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) y los bancos que financian los combustibles fósiles para que inviertan masivamente en el aislamiento térmico de los edificios y las energías renovables.
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