Además de haber sido una férrea defensora de los derechos del movimiento campesino e indígena hondureño, Berta Cáceres ha sido una destacada e inspiradora luchadora, a nivel regional y continental, en defensa de la justicia social y ambiental, en particular en la resistencia frente a los megaproyectos mineros e hidroeléctricos.
Además de identificar con toda claridad a los tratados de libre comercio como parte de un mismo engranaje que asegura la impunidad de las empresas transnacionales, Berta luchó por la salud, por la tierra y contra el patriarcado y la violencia. Se opuso al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que para el COPINH fue un instrumento de violencia al servicio de las empresas trasnacionales para el saqueo de los bienes comunes y la represión de las organizaciones sociales que se han opuesto a él. Berta fue firme en su rechazo a la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio lenca.
En abril de 2015 Berta Cáceres recibió el premio Goldman, uno de los más prestigiosos del mundo en temas ambientales, otorgado por su colaboración en la defensa del territorio lenca amenazado por la violencia y las consecuencias nefastas de la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la transnacional china Sinohydro y la empresa hondureña Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA). El pueblo lenca llevaba años denunciando la vulneración del derecho al agua como fuente de vida y de cultura frente al hostigamiento de empresas, paramilitares y gobierno.
Berta Cáceres era madre de cuatro hijas y tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que debía gozar de protección especial por parte del gobierno hondureño. Empero, Berta ha sido asesinada por un Estado que resguarda los intereses del capital local, de las empresas trasnacionales que han querido adueñarse de los territorios y de los bienes comunes; su lucha a favor de la vida, de las personas más necesitadas, provocó que en varias ocasiones fuera llevada a juicio y que fuese perseguida y amenazada.
La lideresa hondureña denunció en repetidas ocasiones haber recibido amenazas de muerte en el contexto de violencia generalizado: 111 activistas ambientalistas asesinados en Honduras entre 2002 y 2014, según el informe «¿Cuántos más?”, elaborado en 2014 por la ONG inglesa Global Witness. Eso hace de Honduras el país con el índice más alto de violencia de los 17 países analizados y demuestra la arquitectura de la violencia y impunidad de la megaminería y el negocio hidroeléctrico, entre otros, a favor del capital privado y de los gobiernos cómplices. Según la ONG hondureña ACI-Participa (Asociación para la Participación Ciudadana en Honduras), más del 90% de los asesinatos y los abusos de los derechos humanos en Honduras siguen sin resolverse.
Ecologistas en Acción exige al Gobierno de Honduras:
- Que ponga fin a la impunidad y que se investigue el asesinato de Berta Cáceres y de todas las compañeras y compañeros que han luchado por la justicia social y el medioambiente.
- Que se suspendan todos los proyectos denunciados por los defensores de derechos humanos, entre ellos, los proyectos hidroeléctricos Agua Zarca, en el río Blanco, y Blue Energy, en el río Cangel.
- Que se retiren las empresas e instituciones constructoras o financiadoras de proyectos donde se denuncian violaciones de los derechos humanos y donde no ha habido consulta previa, según el artículo 169 de la OIT.
- Que acabe la persecución y criminalización de quienes defienden los derechos humanos y se cumplan las medidas cautelares de protección.
Ecologistas en Acción expresa su más profundas condolencias a los familiares de Berta Cáceres, a todas sus compañeras de lucha y al pueblo lenca por tan horribles hechos.
Además, llama a la movilización ciudadana y la denuncia inmediata ante las embajadas y consulados de Honduras en el mundo, para demostrar nuestra repulsa ante este crimen y nuestra exigencia de justicia.
