Las cuatro activistas contra el TAV juzgadas en Donostia el 25 de julio por encerrarse en una antigua mina en Itsasondo han logrado un acuerdo con la Fiscalía por el que serán condenados a abonar una multa de 540 euros cada uno, tras alcanzar fiscalía y defensas un acuerdo. La acusación particular que ejercía el ente público Euskal Trenbide Sarea (ETS) se retiró. A las encausados se les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, por hechos acaecidos hace ocho años.

También se les condenó a abonar una cantidad aún por determinar correspondiente a los

gastos del rescate del interior de la mina, para la que la parte interesada tendría que presentar las facturas de los gastos. El Gobierno de Lakua lo cifra en 11.000 euros. Este resultado fue valorado por los encausados como positivo ya que en un principio se planteaban contra cada una de ellas penas de 1 año y 6 meses de prisión y una indemnización conjunta de cerca de 60.000 euros (incluyendo 47.157,52 euros por los “perjuicios que le fueron ocasionados por la paralización de las obras” y otros 11.629,41 euros por “los gastos que fueron ocasionados por su desalojo”).

Las activistas fueron apoyadas durante la duración del juicio por un nutrido grupo de opositoras al TAV que no dejaron de gritar consignas contra este proyecto destructor y despilfarrador.

Las cuatro activistas contra el TAV  se encerraron el 1 de julio de 2010 en las minas de Itsasondo y se encadenron a bidones de cemento con el fin de paralizar las voladuras de las obras del túnel Ordizia-Itsasondo, a la vez que en el exterior se realizaron numerosas acciones de apoyo.  La acción duró cinco días, hasta que las cuatro personas encerradas en las minas fueron finalmente localizadas y desalojadas por la Ertzaintza.