Ante la solicitud por parte del gobierno español de aportaciones ciudadana para la elaboración de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, Ekologistak Martxan ha preparado la siguiente propuesta.

El acceso a una cantidad justa de energía asequible y fiable para todas y todos debería ser un derecho y no una mercancía, puesto que afecta en gran medida a la vida privada de los y las consumidoras domésticas (tanto en calidad de vida, alimentación, salud y formación entre otras circunstancias).

l funcionamiento del mercado eléctrico español, que considera la energía como un producto a vender por las empresas eléctricas en sus diferentes ramas, no como un derecho y sin tener en cuenta ningún tipo de impacto social o ambiental de la misma está generando en los últimos años un gran aumento de los precios de la electricidad, que está produciendo una incidencia cada vez mayor de hogares que no pueden asumir los costes energéticos para una buena vida, lo que denominamos pobreza energética.

De hecho, esta escalada de precios energéticos y la bajada de los salarios actuales han logrado que sea posible que se produzcan situaciones en las que una persona realice un trabajo remunerado económicamente y que esa remuneración no le permita cubrir sus necesidades básicas como ser humano integrado en una sociedad: vivienda, agua, energía, alimentación, salud, comunicación, formación y educación.

1.- ¿Qué factores considera que deben tenerse en cuenta para determinar las situaciones de pobreza energética? (por ejemplo: los ingresos del hogar, un elevado gasto en energía respecto de la renta total del hogar, la localización de la vivienda, la demora en el pago etc.)

El factor principal que debe considerarse es el nivel de ingresos, seguido por las circunstancias especiales de cada unidad convivencial (por la relación de gastos extra que estas familias deben acometer debido a esas circunstancias especiales, gastos en sanidad, recursos de ayuda, movilidad, etc.)

Para no olvidar la pobreza energética oculta, considerar los consumos excesivamente bajos de electricidad, de gente que no se atreve a consumir energía por el miedo a no poder pagar las facturas llegando a situaciones de escasez autoimpuesta por no conocer las herramientas para reducir los consumos, ni los mecanismos de ayuda a los pagos.

2.- ¿De qué manera cree que deben participar los sujetos y entidades públicos y privados en la ejecución de la estrategia?

Es muy importante que desde el ministerio se siga invirtiendo en dar publicidad sobre el derecho a la energía para toda la ciudadanía y las herramientas para hacerlo posible, como el bono social eléctrico y térmico, con el objetivo de que toda la ciudadanía las conozca y no lo asocie a un fallo en su forma de usarla ni de su capacidad para obtener recursos. Asimismo se debería actuar hacia la simplificación de los trámites, para saber de forma fácil si se cumplen los requisitos, así como los trámites que deben realizarse.

Si queremos ser efectivos, en primer lugar, se ha de evaluar el gasto energético de la vivienda, y analizar si es óptimo y se aprovechan los recursos de manera adecuada o por el contrario se está haciendo un uso poco eficiente de la energía. Con esta medida evitamos el trasvase del escaso recurso económico del usuario hacia empresas privadas sin que exista una verdadera reciprocidad entre lo que se paga y lo que se recibe a cambio. De esta forma, lograremos abordar el problema de manera más efectiva, reduciendo los consumos energéticos a largo plazo, y no sólo aplazar las consecuencias poniendo tiritas.

La primera evaluación sería la optimización del contrato de suministro eléctrico, que deberían llevar a cabo las compañías eléctricas habilitadas para conceder el bono social, es decir, las COR, (comercializadoras de referencia), debiendo revisar:

1. 1. Si el término de la potencia contratada se ajusta a la demanda real del usuario o por el contrario está por encima de los picos de demanda de consumo del usuario, con lo que estaría pagando una sobre potencia que encarecería de manera innecesaria su factura (tengamos en cuenta que esta parte de la factura supone el 40% del total).

   2. Confirmar si la tarifa contratada es la adecuada para el usuario o por el contrario puede beneficiarse de la discriminación horaria, donde el usuario no pagará peajes de acceso en el consumo de electricidad en el periodo valle, que comprende 14 horas diarias.

En segundo lugar, y ya por parte de la administración pública, se procedería a la segunda evaluación, consistente en:

1º.- En las facturas con derecho al descuento por bono social no se puede cobrar el impuesto de electricidad (5,11269%) ni aplicar un 21% de IVA; en todo caso un IVA superreducido y en los casos de los usuarios más desfavorecidos no se debería aplicar ningún tipo de impuesto.

2º.- Hacer una auditoría energética al menos básica a estas viviendas para comprobar si se pueden implementar medidas de eficiencia energética sin inversión económica o de baja inversión.

3º.- Implicar al usuario, facilitándole un curso formativo sobre factura eléctrica básica y ahorro por medio de la eficiencia energética, de manera que sea parte de la solución.

4º.- Llevar a cabo políticas de rehabilitación energética preferente en aquellas viviendas habitadas por beneficiarios del bono social desde las administraciones públicas.

3.- En relación con el bono social de electricidad y el bono social térmico citados anteriormente. ¿Conocía usted estos dos mecanismos?

Sí.

En caso de conocerlos ¿Considera adecuado el sistema actual de estos dos bonos o cree que debería diseñarse un mecanismo nuevo?

Creemos que el sistema actual de bono social eléctrico no aborda el problema de forma real, porque no trabaja en la reducción efectiva de los consumos energéticos y además no se ajusta a la realidad de la población a la que se dirige porque:

1º.- Un descuento fijo no es una solución adecuada a cada circunstancia. Habría que considerar realizar un descuento proporcional a cada caso en concreto, estableciendo una tabla de rentas escalonadas, número de personas de la unidad de convivencia y sus descuentos correspondientes (en algunos casos extremos, ni siquiera podrán pagar nada), valorando en todos los casos el nivel de renta, incluso en familias numerosas.

2º.- El procedimiento de solicitud y la documentación requerida resulta excesiva, teniendo en cuenta el público vulnerable al que va dirigido, pudiendo hacerse de manera simplificada si se cruzan datos entre la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y los Servicios Sociales. De éste modo se genera directamente un listado de beneficiarios del bono social sin necesidad de que sea el propio usuario el encargado de realizar la tarea.

3º.- Existe una parte de la población a la que por su situación irregular no se está llegando. Además, no limitarlo todo a “unidades familiares” justificables a las comercializadoras de referencia mediante el libro de familia. En la sociedad actual, hay muchos otros tipos de unidades convivenciales que no son consideras dentro de la definición actual de “unidad familiar”, como pisos compartidos, parejas de hecho… y especialmente las personas en situación irregular, como inmigrantes sin documentación o familias en situación de ocupación de viviendas, por ejemplo. Todas estas circunstancias les convierten en invisibles para la administración pública, pero sin embargo se trata del grupo poblacional más vulnerable.

Si usted optara por mantener los dos sistemas  actuales, ¿qué aspectos de los mismos corregiría o mejoraría?

• Ampliar el bono térmico, no solo para calefacción, sino también para refrigeración, puesto que nuestro país tiene cinco zonas climáticas y no se contemplan las zonas más afectadas por las olas de calor.

• Ampliar el límite de energía con derecho al descuento mientras no se tomen medidas por parte da la administración para formar e informar al usuario sobre cómo modificar hábitos de consumo y optimizar el recurso energético al máximo.

• Eliminar los impuestos en las facturas beneficiarias del bono social o adecuar el tipo de IVA a la circunstancia.

• Eliminar como beneficiarias del bono social a las familias numerosas solo por el hecho de serlo, sino aplicarlo como una circunstancia especial y seguir el criterio de renta como con el resto de beneficiarios.

• Aumentar el importe en los baremo de renta, teniendo en cuenta el SMI en lugar del IPREM.

• Adecuar el porcentaje del descuento a la renta del beneficiario sumado a sus circunstancias especiales (renta, unidad convivencial, región climática y situación de la vivienda) en lugar de dejarlo fijado en un 25% y un 40%.

• Exigir la optimización de la factura a las COR (revisar los términos del contrato del usuario para adecuarlos a su demanda y a sus necesidades reales)

• Facilitar a los beneficiarios del bono social un curso formativo en eficiencia energética y factura eléctrica.

• En todos los casos, y especialmente en el caso de consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social, exigir a las comercializadoras la simplificación de los requisitos exigidos para demostrar el cumplimiento de las exigencias para tener derecho al mismo, involucrando también a los servicios sociales (contemplando una partida en los PGE para ello, obviamente).