La Plataforma contra la ampliación de la Supersur denuncia que se ha aprovechado el estado de alarma para avanzar en el proyecto de la autopista

La Plataforma contra la ampliación de la Supersur denuncia que Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia han aprovechado la pandemia del Covid-19 y la declaración del estado de alarma para intensificar las obras de la autopista y comenzar los trabajos en el interior del valle del Bolintxu. Las empresas constructoras han trabajando durante el periodo de confinamiento, poniendo en riesgo la salud de los y las trabajadoras y también de toda la población, puesto que se puede haber estado facilitando el contagio entre ellos, su entorno familiar y el vecindario de los barrios de Buia y Seberetxe. Las instituciones han mostrado una total irresponsabilidad al permitir la actividad en esta obra durante las estas semanas de confinamiento, y lo siguen demostrando al continuar apostando por derrochar dinero público en un proyecto totalmente innecesario.

La Supersur es una obra cara, que cuesta a la población vizcaína 47 millones por cada kilómetro. A esta cuantía hay que sumar el dinero ya hipotecado del coste de la fase anterior, los intereses de los préstamos que se han pedido y las pérdidas por el déficit de explotación, lo que supondrá un desembolso anual de más de 60 millones de euros durante los próximos 20 años.

En definitiva, la Supersur no va a dinamizar la economía, sino a endeudar más las arcas públicas. Los puestos de trabajo que genera la construcción son precarios y eventuales, ya que en dos años se acaba con la esta Fase 1b del proyecto. Hay que tener en cuenta, además, que jamás ha alcanzado la demanda esperada ya que el uso actual no llega ni al 50% de lo previsto, y que las previsiones futuras plantean un escenario de uso aún menor. Por ello, tiene cada vez menos sentido malgastar dinero público en esta obra. La caída recaudatoria de la Diputación Foral de Bizkaia es muy importante, y las necesidades sociales cada vez van a ser mayores por la crisis presente.

Hace unos días 750 científicos y 150 agentes sociales firmaron el manifiesto ‘Por una economía ecológica en la Euskal Herria post Covid-19’. Una de las líneas prioritarias de ese documento considera primordial imponer una moratoria a las grandes inversiones en infraestructuras para priorizar los servicios esenciales que se requieren tanto en este momento como en el futuro. Incluso el Consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, declaró que “habría que recortar el gasto público y retrasar las grandes obras”.

En esta situación se debe apoyar servicios esenciales como la sanidad, la educación o el transporte público, y las medidas para la emergencia ecológica que necesitarán un importante refuerzo tras la crisis. No pueden tener cabida infraestructuras que incentivan el uso del coche.

Es un buen momento para replantearnos una obra que siempre fue cuestionada, porque nunca tuvo la demanda esperada y que, junto al Tren de Alta Velocidad, es otra infraestructura más que nos ha tocada pagar a los contribuyentes.

La Supersur no es viable en el nuevo escenario post Covid-19. Es un buen momento para plantearnos un modelo de desarrollo territorial más sostenible así como nuevas formas de movilidad más respetuosas con el medio ambiente y con el clima. Hay que recordar que, el pasado 30 de julio de 2019, el Gobierno Vasco declaró la emergencia climática para una Euskadi neutra en carbono. Seamos consecuentes.

Ahora más que nunca es necesario favorecer otro tipo de modos de transporte como el peatonal, la bici y el transporte público/colectivo, y plantearse también que para el bienestar de la ciudadanía, se deben generar más espacios libres de calidad en la ciudad, así como respetar los ya existentes.

Por todo ello, la Plataforma se exige al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Bizkaia que paralicen de forma inmediata y definitiva esta obra, cara, innecesaria, injustificada y altamente impactante. Se solicita también que las partidas económicas que se están dedicando y se pretenden dedicar en el futuro al proyecto se destinen de manera inmediata a la lucha contra el Covid-19, al fortalecimiento de la sanidad pública, a ayudas sociales para todas las personas que se están viendo afectadas por esta crisis sanitaria y económica así como, a otras obras de mayor interés social para la mejora de la vida de la ciudadanía, como por ejemplo, el soterramiento de la A8 a su paso por Rekalde.