• La modificación del Reglamento General de Costas incluye demandas realizadas desde Ecologistas en Acción que supondrán una mejora en la conservación de nuestras costas.
• Sin embargo, el  documento carece de un mecanismo nacional que impida los abusos por parte de las administraciones autonómicas.

El martes 2 de agosto se publicó el Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modificaba el Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre. Se trata de una reforma largamente demandada por Ecologistas en Acción, que ha estado denunciando, en reiteradas ocasiones, los efectos perversos del antiguo Reglamento.

En líneas generales, la organización ecologista considera que, con estas modificaciones, el nuevo Reglamento se ajusta mucho mejor a las consecuencias previsibles del cambio climático en el litoral español y se pone freno al uso arbitrario y degradante que se ha venido haciendo del dominio público marítimo terrestre.

En particular, se consideran especialmente relevantes los aspectos que hacen referencia a los chiringuitos, al considerarse en el Reglamento como “instalaciones de temporada”, de forma que realmente sean desmontables y solo ocupen el espacio costero temporalmente. El texto añade también consideraciones para que las actividades que se hagan en el litoral tengan en cuenta la protección de la biodiversidad, tanto en las dunas como en el litoral en general, las condiciones hidromorfológicas o el mantenimiento del paisaje costero.

Además, la norma reincorpora al dominio público las estructuras artificiales que hacen introducir el mar en la tierra —como  los esteros— y establece mecanismos que agilizan el trámite de la revisión de los deslindes marítimo terrestres por la subida del nivel del mar.

Sin embargo, el Reglamento se muestra conservador en otros aspectos que Ecologistas en Acción considera fundamentales para un uso sostenible de un recurso tan frágil como son las playas y el litoral. Por ejemplo, el documento no contempla la posibilidad de reclasificar el suelo urbano a pesar de que se haya sometido a renaturalización. Tampoco recorta el exagerado periodo de 75 años de las concesiones, si bien es cierto que limita las prórrogas.

“Teniendo en cuenta el abuso que han venido haciendo algunas administraciones autonómicas de sus competencias en la gestión de las playas, se echa en falta mayor rotundidad en ejercer la autoridad del Estado. Se deberían establecer medidas como la obligación de que todos los proyectos autonómicos en la línea de costa deban ser supervisados por el Estado y sus informes sean vinculantes para las administraciones autonómicas”, declara la organización ecologista.