Iberdrola entró en Brasil hace casi dos décadas, haciéndose con empresas de distribución y producción eléctrica. La producción en ese país es muy rentable por proceder principalmente de centrales hidroeléctrica, muy barata pues no precisa combustibles. Así construyó distintos embalses y participa en consorcios en la construcción de algunos de los mayores como Belo Monte, Baixo Iguaçu, Teles Pires o el ahora suspendido Tapajós. Si bien estas suponen un desastre en materia medioambiental, también lo son a nivel humano, con un alto número de personas y comunidades desplazadas y con negligencias en su reasentamiento e indemnización. Por ello las movilizaciones se suceden, siendo las últimas hace escasos días tanto en Belo Monte como Baixo Iguaçu.

Si tiramos de hemeroteca, tenemos que estas son denuncias que venimos haciendo desde hace mucho: ya en el 2013 informábamos de «Oposición a las centrales hidroeléctricas de Iberdrola en Brasil: Baixo Iguaçu, Teles Pires y Belo Monte» y similares ocupaciones. Como denuncian en estas últimas acciones, todos estos años, son años de pitorreo por parte de las empresas y de frustración y desesperación para los afectados. Desde aquí solidarizarnos con esas personas afectadas. Exigimos la libertad de los detenidos y el fin de la criminalización y represión contra afectados y activistas. Nuevamente nuestra solidaridad con el MAB (Movimiento de Afectad@s por las Represas de Brasil) que es quien articula estas resistencias y sus gestiones posteriores y la coordinación entre todas ellas. Y nuevamente exigimos a Iberdrola que abandone esos proyectos, que deje de lucrarse con las miserias de los demás y que ponga fin a este neocolonialismo que tantos beneficios le reporta. (Información del MAB )

Ocupación de la zona de obras del embalse Baixo Iguaçu

El lunes 5 de septiembre alrededor de 150 familias damnificadas por la construcción del embalse Baixo Iguaçu (Paraná, entre los municipios de Capitão Leônidas Marques y Capanema) acamparon en la entrada principal de acceso a la obra. La razón fue la cancelación por parte de la empresa de la negociaciones sobre el precio del suelo y las zonas de reasentamiento.

Neoenergia está infringiendo varios derechos humanos entre ellos el derecho a una justa negociación, tratamiento igualitario, conforme a criterios transparentes y colectivamente acordados. Esta situación de inseguridad y desprecio también ponen en riesgo el derecho a un medio ambiente sano y saludable.

Un campesino movilizado explicaba: “Ocupar y resistir es la única forma que tenemos nosotros los afectados de ser oídos; esperamos algo de vuelta, pues cuando el agua cubra mi casa ya no harán nada y eso es lo que la empresa Neoenergia quiere»

La obra ya ha alcanzado el 60% y todavía no existe ninguna disposición de garantía de derechos de las familias afectadas, de los pequeños agricultores cuyas tierras afecta el embalse, sus trabajos y sus vidas.

El consorcio constructor (Geração Céu Azul, conformado por Neoenergia (Iberdrola) 70% y Copel 30%) envió una nota en la que criminalizaba las acciones de las familias movilizadas con falsedades, como que siempre se mantuvo abierto al diálogo y asistió a las reuniones programadas». Solo en el último mes, la empresa canceló tres reuniones sin ningún tipo de aviso a familias que se desplazan más de 500 kilómetros.

La compañía dice que ha facilitado 11 áreas de reasentamiento, sin embargo, estas áreas son de menor capacidad que aquellas a ser inundadas, y la propia Copel las declaró a prácticamente todas inadecuadas para el reasentamiento, dadas las características topográficas y la calidad del suelo.

Al final de la nota el consorcio también utiliza amenazas contra las familias para que abandonen la acampada y sus reivindicaciones e informa que «ha proporcionado todas las medidas legales para asegurar la entrada y salida de máquinas y empleados de la obra de construcción», así como medidas para hacer rendir cuentas a los culpables de daños.

Los afectados por este proyecto hidroeléctrico llevan tres años buscando respuestas y soluciones a los problemas causados por la construcción de esta represa, encontrado grandes dificultades, con docenas de reuniones y negociaciones, en las que no se cumplen los compromisos, plazos y directrices. Las reuniones además se realizaban a muchos kilómetros de sus comunidades, en Curitiba, por lo que cunde en ellos una sensación de cansancio y frustración.

El desalojo y sus consecuencias

Un día después, el 8, fue enviado el Batallón de Choque de la Policía Militar del Estado de Paraná a desalojar a los acampados. Estos detuvieron e hirieron a varios de los movilizados que fueron hospitalizados. Dispararon gases lacrimógenos y balas de goma sin importarles la presencia de ancianos y niños en el lugar. En mayo de este año, la Policía Militar también detuvo a 12 personas afectadas que ocuparon las obras por el mismo motivo.

El 12 de septiembre, alrededor de un millar de personas afectadas y miembros de las organizaciones rurales y urbanas se manifestaron en los municipios de Capanema y Capitán Leonidas Marques para denunciar la brutalidad del gobierno estatal y Neoenergia en el desalojo de la acampada. La lucha de los afectados contó con el apoyo de los comerciantes que cerraron el comercio local y se unieron a la movilización.

Después del desalojo, los afectados consiguieron una nueva reunión con el Consorcio de la hidroeléctrica Baixo Iguaçu y varios representantes de instituciones brasileñas, incluido el Defensor del Pueblo. Como resultado de esa reunión, Neoenergia y Copel se comprometieron a presentar nuevos precios para la tierra del reasentamiento para el 19 de septiembre y una visita de familias a tres áreas de reasentamiento el 5 de octubre, para lo cual, antes de esa fecha deberá adquirir las tierras correspondientes al de reasentamiento.

Ocupación del IBAMA por afectados de Belo Monte

El 13 de septiembre residentes del nuevo reasentamiento de Jatobá cerraron el acceso a éste por la falta de agua. Este asentamiento en la ciudad de Altamira llevaba cinco días sin agua. Jatoba es el reasentamiento colectivo urbano más grande de los cinco construido para albergar a los desplazados por el embalse de Belo Monte. Tiene más de 1.100 viviendas. Pero el problema no es único del reasentamiento sino de toda la ciudad de Altamira que con la construcción de la presa ha visto crecer su población de 99.000 a más de 150.000 personas en menos de tres años. Actualmente sólo hay una estación de captación y tratamiento de agua. En realidad agua potable y saneamiento eran la condición àra que Norte Energia (consorcio en el que participa Iberdrola) continuar con el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte pues, por eso mismo, el Tribunal Federal ya suspedió su licencia de explotación de la planta. Inicialmente, la empresa debería haber finalizado las redes de saneamiento para el 25 de julio de 2014. En la licencia de operación expedida en noviembre de 2015, el Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) dio de plazo hasta septiembre de 2016 para que se concluyera el saneamiento de Altamira. Pero como vemos la fecha se ha superado y Norte Energia no sólo no ha cumplido sino que está poniendo a miles de personas al borde del desastre.

Por otro lado, afectados por la mega-represa de Belo Monte ocuparon la sede de Ibama en Altamira el 26 de septiembre. El objetivo era presionar al gobierno federal para garantizar el derecho a la vivienda de 500 familias afectadas por Belo Monte, que no son reconocidos como tales por el consocio constructor (Norte Energia) anl que pertenece Iberdrola. Estas 500 familias están viviendo actualmente en la zona pantanosa de Altamira, sin agua potable ni sistema de tratamiento de aguas residuales, y como observó el coordinador del MAB Iury Paulino, esas personas no vivían en esas condiciones antes del proyecto. Con el proyecto y la afluencia masiva de personas buscando una oportunidad laboral, los alquileres se han inflado, y de 200 reales (55€) han pasado a subir a 1.500 (412€). Se les prometió una solución. Pero ellos se fueron asegurando también que no cejaran la lucha.